6. La libertad

Filósofos y juristas, una y otra vez, a lo largo de la historia del pensamiento humano, han pretendido definir y precisar el concepto de libertad, cosechando, sin embargo, bien pocos éxitos en estos sus esfuerzos.

La idea de libertad sólo cobra sentido en la esfera de las relaciones interhumanas. No han faltado, ciertamente, escritores que encomiaran una supuesta libertad originaria o natural, de la cual habría disfrutado el hombre mientras vivió en aquel quimérico «estado de naturaleza» anterior al establecimiento de las relaciones sociales. Pero lo cierto es que tales fabulosos individuos o clanes familiares, autárquicos e independientes, gozarían de libertad sólo mientras, en su deambular por la faz de la tierra, no vinieran a tropezarse con los contrapuestos intereses de otros más poderosos. En la desalmada competencia del mundo biológico el más fuerte lleva siempre la razón y el débil no puede más que entregarse incondicionalmente. Nuestros primitivos antepasados ciertamente no nacieron libres.

De ahí que, como decíamos, sólo en el marco de una organización social pueda hablarse con fundamento de libertad. Consideramos libre, desde un punto de vista praxeológico, al hombre cuando puede optar entre actuar de un modo o de otro, es decir, cuando puede personalmente determinar sus objetivos y elegir los medios que estime mejores. Sin embargo, la libertad humana se halla limitada inexorablemente tanto por las leyes físicas como por las leyes praxeológicas. Vano es para los humanos pretender alcanzar metas entre sí incompatibles. Hay placeres que provocan perniciosos efectos en los órganos físicos y mentales del hombre: si el sujeto se procura tales gratificaciones, sufrirá inexcusablemente sus consecuencias. Carecería de sentido decir que no es libre una persona simplemente porque no puede, digamos, drogarse sin sufrir los inconvenientes del caso. La gente reconoce y admite las limitaciones que las leyes físicas imponen; en cambio, se resiste por lo general a acatar la no menor inflexibilidad de las leyes praxeológicas.

El hombre no puede pretender, por un lado, disfrutar de las ventajas que implica la pacífica colaboración en sociedad bajo la égida de la división del trabajo y permitirse, por otro, actuaciones que forzosamente han de desintegrar tal cooperación. Ha de optar entre atenerse a aquellas normas que permiten el mantenimiento del régimen social o soportar la inseguridad y la pobreza típicas de la «vida arriesgada» en perpetuo conflicto de todos contra todos. Esta ley del convivir humano es no menos inquebrantable que cualquier otra ley de la naturaleza.

Y, sin embargo, existe notable diferencia entre los efectos provocados por la infracción de las leyes praxeológicas y la de las leyes físicas. Ambos tipos de normas son autoimpositivas en el sentido de que no precisan, a diferencia de las leyes promulgadas por el hombre, de poder alguno que cuide de su cumplimiento. Pero los efectos que el individuo provoca al incumplir unas y otras son distintos. Quien ingiere un veneno letal sólo se perjudica a sí mismo. En cambio, quien, por ejemplo, recurre al robo, desordena y perjudica a la sociedad en su conjunto. Mientras únicamente disfruta él de las ventajas inmediatas y a corto plazo de su acción, las perniciosas consecuencias sociales de la misma dañan a la comunidad toda. Precisamente consideramos delictivo tal actuar por resultar nocivo para la colectividad. Si la sociedad no evita esa conducta, se generalizará y hará imposible la convivencia, con lo que la gente se verá privada de todas las ventajas que supone la cooperación social.

Para que la cooperación social y la civilización puedan establecerse y pervivir, es preciso adoptar medidas que impidan a los seres antisociales destruir todo eso que el género humano consiguió a lo largo del dilatado proceso que va desde la época Neanderthal hasta nuestros días. Con miras a mantener esa organización social, gracias a la cual el hombre evita ser tiranizado por sus semejantes de mayor fuerza o habilidad, es preciso instaurar los sistemas represivos de la actividad antisocial. La paz pública —es decir, la evitación de una perpetua lucha de todos contra todos— sólo es asequible si se establece un orden en el que haya un ente que monopolice la violencia y disponga de una organización de mando y coerción, la cual, sin embargo, sólo debe intervenir cuando lo autoricen las leyes debidamente promulgadas, que, naturalmente, no deben confundirse ni con las físicas ni con las praxeológicas. Lo que caracteriza a todo orden social es precisamente la existencia de esa institución autoritaria e impositiva que denominamos gobierno.

Las palabras libertad y sumisión cobran sentido sólo cuando se enjuicia el modo de actuar del gobernante con respecto a sus súbditos. Sería estúpido decir que el hombre no es libre porque no puede impunemente preferir como bebida el cianuro potásico al agua. No menos errado sería negar la condición de libre al individuo a quien la acción estatal impide asesinar a sus semejantes. Mientras el gobierno, es decir, el aparato social de autoridad y mando, limita sus facultades de coerción y violencia a impedir la actividad antisocial, prevalece eso que acertadamente denominamos libertad. Lo único que en tal supuesto queda vedado al hombre es aquello que forzosamente ha de desintegrar la cooperación social y destruir la civilización retrotrayendo al género humano al estado prevalente cuando el homo sapiens hizo su aparición en el reino animal. Tal coerción no puede decirse que venga a limitar la libertad del hombre, pues, aun en ausencia de un estado que obligue a respetar la ley, no podría el individuo pretender disfrutar de las ventajas del orden social y al tiempo dar rienda suelta a sus instintos animales de agresión y rapacidad.

En una economía de mercado, es decir, en una organización social del tipo laissez faire, existe una esfera dentro de la cual el hombre puede optar por actuar de un modo o de otro, sin temor a sanción alguna. Cuando, en cambio, el gobierno extiende su campo de acción más allá de lo que exige el proteger a la gente contra el fraude y la violencia de los seres antisociales, restringe de inmediato la libertad del individuo en grado superior a aquél en que, por sí solas, la limitarían las leyes praxeológicas. Es por eso por lo que podemos calificar de libre el estado bajo el cual la discrecionalidad del particular para actuar según estime mejor no se halla interferida por la acción estatal en mayor medida de la que, en todo caso, lo estaría por las normas praxeológicas.

Consideramos, consecuentemente, libre al hombre en el marco de la economía de mercado. Lo es, en efecto, toda vez que la intervención estatal no cercena su autonomía e independencia más allá de lo que ya lo estarían en virtud de insoslayables leyes praxeológicas. A lo único que, bajo tal organización, el ser humano renuncia es a vivir como un irracional, sin preocuparse de la coexistencia de otros seres de su misma especie. A través del estado, es decir, del mecanismo social de autoridad y fuerza, se consigue paralizar a quienes por malicia, torpeza o inferioridad mental no logran advertir que determinadas actuaciones destructivas del orden social no sirven sino para, en definitiva, perjudicar tanto a sus autores como a todos los miembros de la comunidad.

Llegados a este punto, parece obligado examinar la cuestión, más de una vez suscitada, de si el servicio militar y la imposición fiscal suponen o no limitación de la libertad del hombre. Es cierto que, si por doquier fueran reconocidos los principios de la economía de mercado, no habría jamás necesidad de recurrir a la guerra y los pueblos vivirían en perpetua paz tanto interna como externa¹. Pero la realidad de nuestro mundo consiste en que todo pueblo libre vive hoy bajo permanente amenaza de agresión por parte de diversas autocracias totalitarias. Si tal nación no quiere sucumbir, ha de hallarse en todo momento debidamente preparada para defender su independencia con las armas. Así las cosas, no puede decirse que aquel gobierno que obliga a todos a contribuir al esfuerzo común de repeler al agresor y, al efecto, impone el servicio militar a cuantos gozan de las necesarias fuerzas físicas está exigiendo más de lo que la ley praxeológica de por sí sola requeriría. El pacifismo absoluto e incondicionado, en nuestro actual mundo, pleno de matones y tiranos sin escrúpulos, implica entregarse en brazos de los más despiadados opresores. Quien ame la libertad debe hallarse siempre dispuesto a luchar hasta la muerte contra aquéllos que sólo desean suprimirla. Como quiera que, en la esfera bélica, los esfuerzos del hombre aislado resultan vanos, es forzoso encomendar al estado la organización de las oportunas fuerzas defensivas. Porque la misión fundamental del gobierno consiste en proteger el orden social no sólo contra los forajidos del interior, sino también contra los asaltantes de fuera. Quienes hoy se oponen al armamento y al servicio militar son cómplices, posiblemente sin que ellos mismos se den cuenta, de gente que sólo aspira a esclavizar al mundo entero.

La financiación de la actividad gubernamental, el mantenimiento de los tribunales, de la policía, del sistema penitenciario, de las fuerzas armadas exige la inversión de enormes sumas. Imponer a tal objeto contribuciones fiscales en modo alguno supone menoscabar la libertad que el hombre disfruta bajo una economía de mercado. No es necesario advertir que esta necesidad en ningún caso puede aducirse como justificación de esa tributación expoliatoria y discriminatoria a la que hoy recurren todos los sedicentes gobiernos progresistas. Conviene insistir sobre esto, ya que en esta nuestra época intervencionista, caracterizada por el continuo «avance» hacia el totalitarismo, lo normal es que los gobiernos empleen su poder tributario para desarticular la economía de mercado.

Toda ulterior actuación del estado, una vez ha adoptado las medidas necesarias para proteger debidamente el mercado contra la agresión, tanto interna como externa, no supone sino sucesivos pasos por el camino que indefectiblemente aboca al totalitarismo, donde la libertad desaparece por entero.

De libertad sólo disfruta quien vive en una sociedad contractual. La cooperación social, bajo el signo de la propiedad privada de los medios de producción, implica que el individuo, dentro del ámbito del mercado, no se vea constreñido a obedecer ni a servir a ningún jerarca. Cuando suministra y atiende a los demás, procede voluntariamente, con miras a que sus beneficiados conciudadanos también le sirvan a él. Se limita a intercambiar bienes y servicios, no realiza trabajos coactivamente impuestos, ni soporta cargas y gabelas. No es que ese hombre sea independiente. Depende de los demás miembros de la sociedad. Tal dependencia, sin embargo, es recíproca. El comprador depende del vendedor, y éste de aquél.

Numerosos escritores de los siglos XIX y XX, obsesivamente, pretendieron desnaturalizar y ensombrecer el anterior planteamiento, tan claro y evidente. El obrero —aseguraron— se encuentra a merced de su patrono. Cierto es que, en una sociedad contractual, el patrono puede despedir al asalariado. Lo que pasa es que, en cuanto de modo extravagante y arbitrario haga uso de ese derecho, lesionará sus propios intereses patrimoniales. Se perjudicará a sí mismo al despedir a un buen operario, tomando en su lugar otro de menor capacidad. El funcionamiento del mercado no impide de un modo directo lesionar caprichosamente al semejante; se limita a castigar una tal conducta. El tendero, si quiere, puede tratar con malos modos a su clientela, bien entendido que habrá de atenerse a las consecuencias. Los consumidores, por simple manía, pueden rehuir y arruinar a un buen suministrador, pero habrán de soportar el correspondiente coste. No es la compulsión y coerción ejercidas por gendarmes, verdugos y jueces lo que en el ámbito de mercado constriñe a todos a servir dócilmente a los demás, domeñando el innato impulso hacia la despótica perversidad; es el propio egoísmo lo que induce a la gente a proceder de esa manera. El individuo que forma parte de una sociedad contractual es libre por cuanto sólo sirviendo a los demás se sirve a sí mismo. La escasez, fenómeno natural, es el único dogal que le domeña. Por lo demás, en el ámbito del mercado es libre.

No hay más libertad que la que engendra la economía de mercado. En una sociedad hegemónica y totalitaria, el individuo goza de una sola libertad que no le puede ser cercenada: la del suicidio.

El estado, es decir, el aparato social de coerción y compulsión, por fuerza ha de ser un vínculo hegemónico. Si los gobernantes estuvieran facultados para ampliar ad libitum su esfera de poder, podrían aniquilar el mercado, reemplazándolo por un socialismo totalitario. Para evitarlo, es preciso limitar el poder del estado. He ahí el objetivo que persiguen todas las constituciones, leyes y declaraciones de derechos. Conseguirlo fue la aspiración del hombre en todas las luchas que ha mantenido por la libertad.

En este sentido tienen razón los enemigos de la libertad al calificarla de invento «burgués» y al denigrar como puramente negativas las medidas ingeniadas para protegerla mejor. En la esfera del estado y del gobierno, cada libertad implica una específica restricción impuesta al ejercicio del poder político.

No habría sido necesario ocuparnos de estos hechos si no fuera porque los partidarios de la abolición de la libertad provocaron deliberadamente en esta materia una confusión semántica. Advertían que sus esfuerzos habían de resultar vanos si abogaban lisa y llanamente por un régimen de sujeción y servidumbre. El ideal de libertad gozaba de tal prestigio que ninguna propaganda podía menguar su popularidad. Desde tiempos inmemoriales, Occidente ha valorado la libertad como el bien más precioso. La preeminencia occidental se basó precisamente en esa su obsesiva pasión por la libertad, ideal social totalmente desconocido por los pueblos orientales. La filosofía social de Occidente es esencialmente la filosofía de la libertad. La historia de Europa, así como la de aquellos pueblos que formaron emigrantes europeos y sus descendientes en otras partes del mundo, casi no es más que una continua lucha por la libertad. Un individualismo «a ultranza» caracteriza a nuestra civilización. Ningún ataque lanzado directamente contra la libertad individual podía prosperar.

De ahí que los defensores del totalitarismo prefirieran adoptar otra táctica. Se dedican a tergiversar el sentido de las palabras. Califican de libertad auténtica y genuina la de quienes viven bajo un régimen que no concede a sus súbditos más derechos que el de obedecer. En Estados Unidos, se llaman a sí mismos verdaderos liberales porque se esfuerzan en implantar semejante orden social. Califican de democráticos los dictatoriales métodos rusos de gobierno; aseguran que el régimen de violencia y coacción propugnado por los sindicatos es «democracia industrial»; afirman que es libre la persona cuando sólo al gobierno compete decidir qué libros o revistas podrán publicarse; definen la libertad como el derecho a proceder «rectamente», reservándose en exclusiva la facultad de determinar qué es «lo recto». Sólo la omnipotencia gubernamental asegura, en su opinión, la libertad. Luchar por la libertad, para ellos, consiste en conceder a la policía poderes omnímodos.

La economía de mercado, proclaman estos sedicentes liberales, otorga libertad tan sólo a una clase: a la burguesía, integrada por parásitos y explotadores. Estos bergantes gozan de libertad plena para esclavizar a las masas. El trabajador no es libre; trabaja sólo para enriquecer al amo, al patrono. Los capitalistas se apropian de aquello que, con arreglo a inalienables e imprescriptibles derechos del hombre, corresponde al obrero. El socialismo proporcionará al trabajador libertad y dignidad verdaderamente humanas al impedir que el capital siga esclavizando a los humildes. Socialismo significa emancipar al hombre común; quiere decir libertad para todos. Y, además, representa riqueza para todos.

Estas ideas han podido triunfar porque no se les opuso eficaz crítica racional. Hubo, ciertamente, economistas que supieron demostrar brillantemente sus crasos errores e íntimas contradicciones. Pero la gente prefiere ignorar las enseñanzas de la economía y, además, los argumentos normalmente esgrimidos frente al socialismo por el político o el escritor medio son flojos o irrelevantes. Es inútil aducir un supuesto «derecho natural» del individuo a la propiedad cuando el contrincante lo que predica es que la igualdad de rentas es el «derecho natural» fundamental de la gente. Es imposible resolver por esa vía tales controversias. A nada conduce atacar al socialismo criticando simples circunstancias y detalles sin trascendencia del programa marxista. No es posible refutar el socialismo limitándose a atacar su posición frente a la religión, el matrimonio, el control de la natalidad, el arte, etc. Aparte de que, en estas materias, frecuentemente los propios críticos del socialismo también se equivocan.

Pese a esos graves errores de muchos defensores de la libertad económica, no era posible a la larga escamotear a todos la realidad íntima del socialismo. Incluso los más fanáticos planificadores se vieron obligados a admitir que su programa implicaba abolir muchas de las libertades que la gente disfruta bajo el capitalismo y la «plutodemocracia». Al verse dialécticamente vencidos, inventaron un nuevo subterfugio. La única libertad que es preciso abolir, dijeron, es esa falsa libertad «económica» de los capitalistas que tanto perjudica a las masas. Toda libertad ajena a la esfera puramente «económica» no sólo se mantendrá, sino que prosperará. «Planificar para la libertad» («Planning for Freedom») es el último eslogan ingeniado por los partidarios del totalitarismo y de la rusificación de todos los pueblos.

La falacia de este argumento deriva de la espuria distinción entre el mundo «económico» y el mundo «no económico». A este respecto, no es preciso agregar nada a lo ya dicho en otras partes de este libro. Sin embargo, hay un punto sobre el que sí conviene insistir.

La libertad de que disfrutó la gente en los países democráticos de Occidente durante la época del viejo liberalismo no fue producto de las constituciones, las declaraciones de derechos del hombre, las leyes o los reglamentos. Mediante tales documentos se aspiraba simplemente a proteger la libertad surgida del funcionamiento de la economía de mercado contra los atropellos de los funcionarios públicos. No hay gobierno ni constitución alguna que pueda por sí garantizar la libertad si no ampara y defiende las instituciones fundamentales en que se basa la economía de mercado. Gobernar implica siempre recurrir a la coacción y a la fuerza, por lo cual, inevitablemente, la acción estatal viene a ser la antítesis de la libertad. El gobierno aparece como defensor de la libertad y su acción resulta compatible con el mantenimiento de ésta sólo cuando se delimita y restringe convenientemente la órbita estatal en provecho de la libertad económica. Las leyes y constituciones más generosas, cuando desaparece la economía de mercado, no son más que letra muerta.

La libertad que bajo el capitalismo conoce el hombre es fruto de la competencia. El obrero, para trabajar, no ha de ampararse en la magnanimidad de su patrono. Si éste no le admite, encontrará a muchos deseosos de contratar sus servicios². El consumidor tampoco se halla a merced del suministrador. Puede perfectamente acudir al que más le plazca. Nadie tiene por qué besar las manos ni temer la iracundia de los demás. Las relaciones interpersonales son de carácter mercantil. El intercambio de bienes y servicios es siempre mutuo; ni al vender ni al comprar se pretende hacer favores; el egoísmo personal de ambos contratantes origina la transacción y el recíproco beneficio.

Cierto es que el individuo, en cuanto se lanza a producir, pasa a depender de la demanda de los consumidores, ya sea de modo directo, como es el caso del empresario, ya sea indirectamente, como sucede con el obrero. Pero esta sumisión a la voluntad de los consumidores en modo alguno es absoluta. Nada le impide a uno rebelarse contra tal soberanía si, por razones subjetivas, prefiere hacerlo. En el ámbito del mercado, todo el mundo tiene derecho, sustancial y efectivo, a oponerse a la opresión. Nadie se ve constreñido a producir armas o bebidas alcohólicas, si ello disgusta a su conciencia. Quizás el atenerse a esas convicciones pueda costar caro; ahora bien, no hay objetivo alguno en este mundo cuya consecución no sea costosa. Queda en manos del interesado el optar entre el bienestar material, de un lado, y lo que él considera su deber, de otro. Dentro de la economía de mercado, cada uno es árbitro supremo en lo atinente a su satisfacción personal³.

La sociedad capitalista no cuenta con otro medio para obligar a la gente a cambiar de ocupación o de lugar de trabajo que el de recompensar con mayores ingresos a quienes acatan dócilmente los deseos de los consumidores. Es precisamente esta inducción la que muchos estiman insoportable, confiando que desaparecerá bajo el socialismo. Quienes así piensan son obtusos en exceso para advertir que la única alternativa posible estriba en otorgar a las autoridades plenos poderes para que, sin apelación, decidan en qué cometidos y en qué lugar haya de trabajar cada uno.

No es menos libre el individuo en cuanto consumidor. Resuelve él, de modo exclusivo, qué cosas le agradan más y cuáles menos. Es él personalmente quien decide cómo ha de gastar su dinero.

Sustituir la economía de mercado por la planificación económica implica anular toda libertad y deja al individuo un único derecho: el de obedecer. Las autoridades, que gobiernan los asuntos económicos, vienen a controlar efectivamente la vida y las actividades todas del hombre. Erígense en único patrono. El trabajo, en su totalidad, equivale a trabajo forzado, ya que el asalariado ha de conformarse con lo que el superior se digne concederle. La jerarquía económica dispone qué cosas pueden consumir las masas y en qué cuantía. En ningún sector de la vida humana las decisiones obedecen a los juicios personales de valoración. Las autoridades asignan su tarea a cada uno; le adiestran para la misma y se sirven de él donde y como mejor creen.

Tan pronto como se anula esa libertad económica que el mercado confiere a quienes en él participan, todas las libertades políticas, todos los derechos del hombre, se convierten en pura farsa. El habeas corpus y la institución del jurado se convierten en simple superchería cuando, bajo el pretexto de que así se sirve mejor los supremos intereses económicos, las autoridades pueden, sin apelación, deportar al polo o al desierto o condenar a trabajos forzados de por vida a quien les desagrade. La libertad de prensa no es más que vana entelequia cuando el poder público controla efectivamente las imprentas y fábricas de papel, y lo mismo sucede con todos los demás derechos del hombre.

La gente es libre en aquella medida en que cada uno puede organizar su vida como considere mejor. Las personas cuyo futuro depende del criterio de unas autoridades inapelables, que monopolizan toda posibilidad de planear, no son, desde luego, libres en el sentido que al vocablo atribuyó todo el mundo hasta que la revolución semántica de nuestros días produjera la moderna confusión de las lenguas.

Footnotes

1. V. infra, pp. 805-806.

2. V. pp. 708-711.

3. En la esfera política, el rebelarse contra la opresión de las autoridades constituye la ultima ratio de los subyugados. Por ilegal e insoportable que la opresión resulte; por dignos y elevados que sean los motivos que a los rebeldes animen; y por beneficiosos que pudieran ser los resultados alcanzados merced al alzamiento armado, una revolución es invariablemente un acto ilegal que desintegra el establecido orden constitucional. Es atributo típico de todo gobierno el que, dentro de su territorio, sea la única institución que pueda recurrir a la violencia y la única que otorga legitimidad a las medidas de fuerza adoptadas por otros organismos. Una revolución, que implica siempre actitudes belicosas entre conciudadanos, destruye el propio fundamento de la legalidad, pudiendo ser sólo, más o menos, legalizada al amparo de aquellos tan imprecisos usos internacionales referentes a la beligerancia. Si la revolución triunfa, es posible que restablezca un nuevo orden y gobierno. Ahora bien, lo que nunca puede hacer es promulgar un legal «derecho a rebelarse contra la opresión». Tal facultad, que permitiría a la gente oponerse por la fuerza a las instituciones armadas del estado, abriría las puertas a la anarquía, haciendo imposible toda forma de gobierno. La insensatez de la Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa fue lo suficientemente grande como para llegar a legalizar el derecho en cuestión; no tanto, sin embargo, como para tomar en serio su propia disposición.